La detención del General Hugo
Carvajal en Aruba, por funcionarios de la DEA, pone de manifiesto el compromiso
de Maduro con la camarilla de delincuentes que lo rodea y no con las
necesidades de la sociedad civil venezolana.
Desde quien usurpa la primera
magistratura del país, pasando por el Tribunal Supremo de Justica, ministros y
gobernadores han levantado la voz para protestar enérgicamente por lo que ellos
han llamado una detención ilegal y arbitraria, considerándola una afrenta al
orden institucional patrio.
El Tribunal Supremo de Justicia venezolano
alega que la detención del General Carvajal, quien tenía inmunidad diplomática,
argumento desmentido por las autoridades Holandesas, es una
violación al derecho Internacional Público, e insta al estado a ejercer sus
competencias para la justa reivindicación de su soberanía, ya que están vinculados
elementos en materia de seguridad y defensa nacional.
Esta posición del Tribunal
Supremo de Justicia, refleja que en el régimen de Maduro, los derechos son
exclusividad de sus acólitos, que la Soberanía y la Seguridad Nacional están
supeditadas a los intereses del régimen,
y que el goce de inmunidad diplomática debería ser una patente de corso
para delincuentes.
En Venezuela, no tienen derechos
los presos políticos a quienes se les golpea salvajemente dentro de las instalaciones
de una cárcel militar, ni los cientos de pasajeros venezolanos varados en el
aeropuerto de Aruba, afectados por la decisión del régimen de suspender los
vuelos hacia Venezuela por la “afrenta” cometida en contra de uno de sus
camaradas.
La arresto del General Carvajal, quien
posee suficiente información para hacer temblar al régimen lo obliga a que se la juegue por El, sin
importar como esto afecte a los venezolanos, que no han entendido que somos mayoría,
cuando esa mayoría sacuda la indiferencia dejaremos de ser víctimas de una dictadura que
se desploma.
Cnel
(GN) Antonio Semprun
@antoniosemprun
