Quien se vale del poder para evadir las consecuencias de sus acciones debe ser juzgado con el peso de la ley.- Antonio Semprun
Cnel. (GN) Antonio Semprun
Oficial de la Plaza Altamira
El reciente anuncio del régimen totalitario venezolano de salirse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), escribe una nueva página en el libro de arbitrariedades e incumplimientos de acuerdos internacionales por parte de un presidente que pretende ignorar las consecuencias de los manejos irresponsables y oscuros producto del desconocimiento de cómo funcionan internacionalmente los sistemas legales, económicos y financieros. Como respuesta a esta delicada situación opta por iniciar trámites para escapar del órgano de arbitraje al que Venezuela se adhirió en el año 1993.
Ante este órgano de arbitraje, Venezuela tiene interpuestos más de veinte litigios abiertos entre los que destacan denuncias de las petroleras estadounidenses Exxon Mobil y Conoco Phillips que exigen se les indemnice por las nacionalizaciones de sus activos en el año 2007. Este tipo de decisiones golpea de manera brutal la vapuleada economía venezolana agregando mayor cuota de desconfianza en la credibilidad de Venezuela debido a que se incrementa la inseguridad jurídica del país.
La decisión reafirma la condición autocrática del gobierno venezolano dejando ver la agenda que maneja el alto gobierno, una agenda dirigida a dar acceso a negociaciones con aliados de dudosa reputación a los que no pedirá ni rendirá cuentas para esto se crean organismos como la CELAC, UNASUR creados a la medida de las aspiraciones de un régimen que incumple los compromisos adquiridos. En el caso de la CIADI el régimen alega para salirse del órgano de arbitraje que ''Caracas se adhirió a este convenio en 1993, por decisión de un Gobierno provisional débil y desprovisto de legitimidad popular, presionado por sectores económicos transnacionales que participaban del desmantelamiento de la Soberanía Nacional venezolana".
Es esta la manera como el régimen defiende la Soberanía Nacional, tomando medidas arbitrarias para evadir las responsabilidades contraídas durante la gestión gubernamental de los últimos trece años, la decisión no sólo afecta la imagen de Venezuela con los países que han introducido litigios en su contra. La CIADI es un organismo conformado por más de 147 países que pensaran dos veces para hacer negociaciones con las autoridades de un país que incumple los acuerdos establecidos internacionalmente y para tal fin debe ponerse al margen del órgano de arbitraje encargado de formar tribunales arbitrales únicos, sin una instancia superior a ese tribunal “ad hoc”, cuyas decisiones son inapelables e irrevisables, volviéndose obligatorias para los Estados.
Otros países en los que sus presidentes tienen el mismo criterio de defensa de su Soberanía Nacional como Bolivia y Ecuador han tomado la decisión de retirarse del órgano de arbitraje, estos países conocen que los acuerdos del CIADI en su mayoría poseen cláusulas de ultractividad, cláusulas que hacen que por más que un Estado desee salirse de los acuerdos, éstos siguen vigentes durante un período extra de diez años. El régimen venezolano ya no tiene un pasado al que culpar del fracaso en el que ha sumido a las instituciones y empresas Venezolanas, sólo tiene el presente en el que es dueño y señor de los actos de ignorancia e irresponsabilidad del Presidente de la República y sus colaboradores.
Oficial de la Plaza Altamira
El reciente anuncio del régimen totalitario venezolano de salirse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), escribe una nueva página en el libro de arbitrariedades e incumplimientos de acuerdos internacionales por parte de un presidente que pretende ignorar las consecuencias de los manejos irresponsables y oscuros producto del desconocimiento de cómo funcionan internacionalmente los sistemas legales, económicos y financieros. Como respuesta a esta delicada situación opta por iniciar trámites para escapar del órgano de arbitraje al que Venezuela se adhirió en el año 1993.
Ante este órgano de arbitraje, Venezuela tiene interpuestos más de veinte litigios abiertos entre los que destacan denuncias de las petroleras estadounidenses Exxon Mobil y Conoco Phillips que exigen se les indemnice por las nacionalizaciones de sus activos en el año 2007. Este tipo de decisiones golpea de manera brutal la vapuleada economía venezolana agregando mayor cuota de desconfianza en la credibilidad de Venezuela debido a que se incrementa la inseguridad jurídica del país.
La decisión reafirma la condición autocrática del gobierno venezolano dejando ver la agenda que maneja el alto gobierno, una agenda dirigida a dar acceso a negociaciones con aliados de dudosa reputación a los que no pedirá ni rendirá cuentas para esto se crean organismos como la CELAC, UNASUR creados a la medida de las aspiraciones de un régimen que incumple los compromisos adquiridos. En el caso de la CIADI el régimen alega para salirse del órgano de arbitraje que ''Caracas se adhirió a este convenio en 1993, por decisión de un Gobierno provisional débil y desprovisto de legitimidad popular, presionado por sectores económicos transnacionales que participaban del desmantelamiento de la Soberanía Nacional venezolana".
Es esta la manera como el régimen defiende la Soberanía Nacional, tomando medidas arbitrarias para evadir las responsabilidades contraídas durante la gestión gubernamental de los últimos trece años, la decisión no sólo afecta la imagen de Venezuela con los países que han introducido litigios en su contra. La CIADI es un organismo conformado por más de 147 países que pensaran dos veces para hacer negociaciones con las autoridades de un país que incumple los acuerdos establecidos internacionalmente y para tal fin debe ponerse al margen del órgano de arbitraje encargado de formar tribunales arbitrales únicos, sin una instancia superior a ese tribunal “ad hoc”, cuyas decisiones son inapelables e irrevisables, volviéndose obligatorias para los Estados.
Otros países en los que sus presidentes tienen el mismo criterio de defensa de su Soberanía Nacional como Bolivia y Ecuador han tomado la decisión de retirarse del órgano de arbitraje, estos países conocen que los acuerdos del CIADI en su mayoría poseen cláusulas de ultractividad, cláusulas que hacen que por más que un Estado desee salirse de los acuerdos, éstos siguen vigentes durante un período extra de diez años. El régimen venezolano ya no tiene un pasado al que culpar del fracaso en el que ha sumido a las instituciones y empresas Venezolanas, sólo tiene el presente en el que es dueño y señor de los actos de ignorancia e irresponsabilidad del Presidente de la República y sus colaboradores.
