LEY HABILITANTE UNA PATENTE DE CORSO

 

La ley se convierte en un instrumento peligroso cuando es  interpretada y aplicada a conveniencia por quien ejerce el poder.

                                                       Antonio Semprun

Una patente de corso era un documento entregado por monarcas o alcaldes de las ciudades, cuando no podían costearse marinas propias o no lo suficientemente grandes, el documento otorgaba permiso de la autoridad para atacar barcos y poblaciones. Una ley habilitante, autoriza al Presidente de la Republica para dictar decretos con fuerza de ley, ambos documentos entregan un cheque en blanco al portador para resolver de manera conveniente y sin obstáculos lo que les estorba.

Al difunto dictador durante el tiempo que ostentó el poder le fueron otorgadas cuatro leyes  habilitantes, las uso para satisfacer caprichos, la ultima en el año 2010, le fue otorgada para resolver el problema ocasionado por las lluvias a centenares de familias venezolanas  que hoy a diferencia de Él,  sobreviven en refugios esperando la aplicación de esa ley que fue utilizada para otros fines.

Hay que preguntarse cuál es la estrategia del G-2 cubano al ordenarle al ilegitimo que solicite una Ley Habilitante, cuando en el ordenamiento jurídico del país  existe una Ley anticorrupción con penas muy fuertes en su aplicación para quienes la infrinjan. Venezuela se ha convertido en los últimos catorce años en uno de los países más corruptos del mundo, durante este tiempo los responsables del manejo y uso de los recursos de la Hacienda Pública Nacional han sido el dictador ausente y hoy su heredero.

Los poderes del estado están arrodillados al poder ejecutivo,  la chequera del estado la maneja sin control el ejecutivo, los organismos de investigación control y búsqueda están bajo las ordenes del ejecutivo, para que necesitaría el usurpador del poder en Venezuela poderes especiales, cuando lo ejerce arbitrariamente y las leyes en el país desde hace más de una década son una toga y un birrete que cuelgan de un gancho en los despacho del Tribunal  Supremo de Justica (TSJ), la Fiscalía General de la Republica (FGR) y la Contraloría General de la Republica  (CGR).

La corrupción que desangra el país, que lo tiene deambulando en el peligroso borde de la banca rota ya no  puede endilgarse al pasado, ni tampoco  achacársela a la Cuarta Republica,  han transcurrido catorce años, desde que la banda de delincuentes que desgobierna el país asumió el poder, suficiente tiempo para convertirse en pasado, la corrupción que Maduro, quiere combatir pulula a su alrededor, está en su entorno más intimo, no necesita una Ley Habilitante para enfrentarla.

Bastaría que implemente la Ley Anticorrupción y active los organismos de inteligencia del estado para que descubra de donde proviene la inmensa fortuna de los Chávez, que hace catorce años vivían de un salario, o que investigue como acumularon enormes fortunas una larga lista de personeros del régimen, como Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, José Vicente Rangel, Rafael Ramírez, Alejandro Andrade, Cilia Flores, Pedro Carreño, la lista es muy larga,  y si la ley habilitante que pide tiene como cortina sufragar las elecciones de 8D, con que haga un pote (colecta), entre sus allegados tendría dinero suficiente para volver a comprar votos y conciencias.

Cnel (GN) Antonio Semprun

@antoniosemprun